Ensayo: LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO PRODUCTO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EFECTIVA

En las dos últimas décadas, la sociedad venezolana muestra un creciente protagonismo de las preocupaciones ciudadanas referentes a la criminalidad, la violencia e inseguridad que, afectado en muchos de los espacios de convivencia de los ciudadanos, donde no existe ningún tipo de discriminación extractos sociales quedando todos afectados por igual, preocupaciones e incertidumbre que se reflejan tanto en la agenda pública como en los medios de comunicación creando matrices de opinión negativas que afectan las estabilidad emocional de todo un país.

Entonces sería necesario reflexionar sobre lo que denominamos seguridad ciudadana entendiendo que es la acción integrada que desarrolla el estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y su bienes.

Todos estos factores negativos generan fuertes preocupaciones dando origen a un gran tema de debate, no solo referente a los altos niveles de violencia, criminalidad, narcotráfico, corrupción entre otros que afectan de gran manera a la evolución de un país con un gran potencial. Sino también a las políticas públicas, políticas de seguridad y estatutos que existen y están determinados para hacer frente a esta temática y crear soluciones concretas. Que permitan bajar los índices de criminalidad del país, solo de esta manera y con ayuda del estado, sociedad civil y todos los poderes del estado podremos apuntar al crecimiento social, cultural de todo un país que ha sido fuertemente golpeado.

Se puede definir las políticas públicas como los proyectos y actividades que un Estado diseñacoordina y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad​ también se puede entender como las acciones, medidas regulatorias, leyes, y prioridades de gasto sobre un tema, promulgadas por una entidad gubernamental.

Asi mismo debe ser tomado en consideración lo establecido en el artículo 55 de la Constitucion de la República Bolivariana de Venezuela el cual establece la responsabilidad del estado de dar protección a todas las personas a través de los órganos de seguridad ciudadana, frente a cualquier situación que constituya amenaza, vulnerabilidad o riesgo a su integridad física, sus propiedades, garantizar el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

El crecimiento de la inseguridad en la sociedad venezolana, producto de la inadecuada mediatización de los fenómenos de violencia, adicional la falta de credibilidad sobre los organismos de seguridad del estado da origena la idea de que la solución radica en el aumento del número de policías y en el endurecimiento de las penas que impone el sistema. Dicha creencia parte como decíamos, de una errónea conceptualización y en función de lo cual consideramos que el punto de partida de la política debe ser la restructuración del concepto de seguridad en función de la construcción de nuevos modelos y sistemas.

 En ese mismo orden de ideas el estado debe tomar medidas contundentes en la forma de abordar la problemática de la violencia social, propiciando una Política de Estado que atienda integralmente las causas que la originan. La gran diferencia con aquella conceptualización tradicional radica en que ese sistema represivo que la integra, opera sobre las personas aumentando su victimización y con ello la posibilidad de ruptura social, cuando en realidad debe construirse un nuevo modelo de gestión que actúe sobre las causas de la violencia, donde la sociedad civil participe en el diseño de los proyectos y actividades que impulsen el mejoramiento de la calidad de vida, y sostenidos por una acción coordinada de las distintas áreas gubernamentales.

 En distintas naciones ha quedado demostrado que la prevención en la comunidad ha dado resultados contundentes en la medición de los índices de violencia. El fortalecimiento de las redes comunitarias para la prevención, garantiza una adecuada atención de las personas y grupos sociales más vulnerables, y con ello una disminución de los factores de riesgo social que inciden sobre las condiciones que favorecen los comportamientos antisociales. Es de destacar, que lo expresado hasta aquí, no libra de responsabilidad del Estado.

 Entre las posibles estrategias que pudiéramos aplicar podemos citar a Oscar Fernández (2009) La iniciativa del Dialogo Social Abierto (DSA) es un espacio de participación plural, abierto a todos los sectores de la población económico, social, ambiental, cultural realizado en el territorio nacional y en el exterior en el cual se discutieron, formularon y propusieron insumos de políticas de Estado de cara al establecimiento de un nuevo gobierno. Dicho espacio, se realizó sobre la base de temas estratégicos de país.

 Para desarrollar el proceso de Diálogo Social Abierto se instalaron espacios consultivos temáticos, territoriales, sectoriales y en el exterior; así cómo también se realizaron cinco encuentros (Incluyendo el lanzamiento del DSA) en los que participaron alrededor de seis mil personas. Se constituyeron 32 Mesas Temáticas y 6 espacios especiales en los cuales asistieron y participaron profesionales de diversas áreas, técnicos de ONG, dirigentes de Fundaciones, Asociaciones, Sindicatos, Universidades, Líderes Campesinos, Líderes de Asociaciones Cooperativas, Religiosos, Artistas, etc., con un aproximado de 1,246 personas. También se realizaron 4 diálogos en el exterior que tuvieron una asistencia de 500 compatriotas y se llevaron a cabo alrededor de 160 Diálogos Territoriales con una participación aproximada de 5,000 personas.

En Venezuela podríamos implantar una estrategia de diálogo con mesas de trabajos por todo el territorio nacional donde podamos recolectar la información necesaria para saber todas las carencias y problemáticasde la sociedad civil. Toda esta información recolectada debe ser depurada por un órgano estadal que pueda derivar cada necesidad al respectivo cuerpo de seguridad que le competa.  Esto nos permite afrontar de manera clara y directa todas esas circunstancias que afectan a la población. Esta solución debe ir tomada de la mano con todos los poderes públicos con el objetivo de garantizar su buena ejecución. Esto hace que la sociedad civil no sea indiferente y la invita hacer parte activa de la solución que tanto los ha afectado durante tanto tiempo.

 Es muy importante que el estado en todo momento realice un seguimiento constante de la ejecución del instrumento para verificar logros y resultados porque al concluir todo el proceso y se pueda dar soluciones a las exigencias de la población estaríamos creando una mejor convivencia de la sociedad.

 Otra estrategia que debemos abarcar debe ir enfocada a la desconfianza que existe en la sociedad civil contra los organismos de seguridad del estado. Para este caso el estado debe articular un departamento conjunto a los poderes públicos donde se hagan las evaluaciones exigentes que permita obtener personal debidamente calificado y acto para ejercer la labor del resguardo de toda la sociedad civil.

 El estado debe brindar todas las garantías necesarias para estos funcionarios para evitar que estos se corrompan y puedan hacer su trabajo siempre de manera eficiente solo de esta manera podremos contar con funcionarios confiables y transparentes que entreguen su vida al servicio público.

 En base a lo anterior expuesto podemos citar el artículo 69 de la ley orgánica del servicio de policía de investigación, el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas y el servicio nacional de medicina y ciencias forenses; el cual hace referencia a los derechos laborales y seguridad social donde la policía de investigación debe tener un sistema de seguridad social donde el estado le debe garantizar el goce de sus respectivos beneficios socioeconómicos, así como las condiciones laborales donde se respete el principio de intangibilidad y progresividad de los derechos laborales de cada uno de los funcionarios que integran los organismos de seguridad ciudadana.

 Referencias Bibliografías

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial 5.453, Marzo, 24, 2000. Caracas-Venezuela.

Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y El Servicio Nacional de Medicina Y Ciencias Forenses (2012). ). Gaceta Oficial 6.079, Junio, 15, 2012. Caracas-Venezuela.

La Seguridad Ciudadana como Política de Estado Propuesta Programática Progresista Partidaria Sistematización del proceso participativo Por Oscar Fernández En el marco del intercambio de experiencias prácticas promovido por la Fundación Friedrich Ebert – a través de su red la fesamericacentral 2009. Disponible:http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/07599.pdf [Consulta: 2018, Abril 1]

La Politica de Seguridad Ciudadana en Mexico y su Impacto en la Frontera con Estados Unidos: de Enfoques Reactivos a una Prenvencion Transversal Por Jose Ramos Disponible: https://www.colef.mx/deap/wp-content/uploads/2013/09/Jose-M-Ramos-La-politica-de-sguridad-ciudadana-en-Mexico-Ponencia.pdf